El concejal Diego Giuliano presentó un expediente donde se invitaba a la funcionaria para que explique, en el Concejo Municipal, sobre las supuestas irregularidades que el Tribunal de Cuentas detectó en 33 bares y en la Rambla Catalunya, emprendimientos concesionados a privados (ver aparte).
El oficialismo y aliados se opusieron para que se trate en sobre tablas (para lo cual la oposición necesitaba dos tercios de los votos) lo que generó la reacción de los bloques opositores.
“Es la primera vez en mi vida parlamentaria que planteo romper el quórum” dijo un ofuscado Cavallero y acusó al socialismo de proteger a los concesionarios.
Luego de dejar sin quórum a la sesión, los opositores, a excepción del bloque PRO del cual sólo participó la concejala Laura Weskamp, realizaron una conferencia de prensa donde dieron detalles sobre las irregularidades que el Tribunal de Cuentas detectó y que fueron publicadas por el portal Punto Bizz.
“Nos retiramos para poner en evidencia lo que es este oficialismo que se niegan a dar informes sobre cosas que están en los medios” puntualizó Cavallero.
Por su parte, el concejal radical Jorge Boasso sostuvo que “el tema de concesiones de Rosario es similar al escándalo de Fassi Lavalle en Capital Federal cuando le entregaban las concesiones a amigos del poder sin licitaciones ni contratos” y sostuvo que “las concesiones son una vergüenza. Yo creo que si la profundizamos va a haber un escándalo de corrupción muy importante”
En la acalorada votación para que se trate en sobre tablas la invitación de la funcionaria encargada de las concesiones, la oposición logró 11 de los 14 votos necesarios. El oficialismo por su lado, pretendía que el expediente se tratase primero en la Comisión de Gobierno donde tienen mayoría.
La oposición acusó a la estrategia del PS como dilatoria y que en definitiva, buscaba evitar la exposición de la directora de Concesiones.
Boasso dijo, al referirse al socialismo y sus aliados que “a estos muchachos hay que sacarle la careta. Nueve concejales del socialismo y levantamanos automáticos se niegan a una simple transparencia imprescindible y necesaria en la administración pública.”
La interna radical
En el hecho, se evidenció nuevamente la interna que atraviesa el radicalismo entre los sectores alineados al socialismo y los que sostienen una posición más crítica.
Al respecto, Boasso, advirtió que “hay algunos que no tienen dignidad. Lo peor son los conversos, ni que les digo” refiriéndose a la concejala Daniela León que hasta el 2011 fue opositora y luego, pasó a apoyar al PS.
“En mi partido tengo algunos conversos” prosiguió Boasso “que parecían meros oficialistas que se rasgaban las vestiduras como el que más. Eso a mí como radical me duele. Si el radicalismo en algo sobresalió fue en que transparentamos los actos y esto es un ocultamiento muy grande” acusó el edil.
Boasso, en más de una oportunidad, se ha referido a sus correligionarios que acuerdan con el PS como “cargueros” acusándolos de “andar tras los cargos”.
El socialismo, que cuenta con cuatro concejales propios, logra la mayoría a través de la suma de tres bloques unipersonales: Coalición Cívica - Ari y dos radicales (León y Gonzalo del Cerro) y el bloque del PDP a cargo de Bruera y Aldo Poy. En total suman 11 concejales sobre 22 pero tienen la presidencia del cuerpo que en caso de empate, el voto de Zamarini vale doble.
También fue poco clara la postura del PRO ya que los concejales Roy López Molina y Julia Bonifacio al poco de comenzado el debate, se ausentaron del recinto sin autorización y no fueron conminados a regresas a sus bancas previo a la votación.
Los PRO, tampoco aparecieron en la conferencia de prensa salvo la concejala Laura Weskamp que se mostró, en todo momento, alineada con la oposición.
Las concesiones apuntadas y el Tribunal de cuentas
De acuerdo a la Ley provincial Orgánica de Municipios, las concesiones sobre espacios públicos deben ser autorizadas por los Concejos Municipales. Sin embargo, en la práctica, desde la gestión de Hermes Binner como intendente de Rosario, fueron resueltas unilateralmente por el Departamento Ejecutivo, ignorando esa facultad del Concejo.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas Municipal (TCM), creado durante la intendencia de Héctor Cavallero, a lo largo de las gestiones socialistas ha ido perdiendo poder de control sobre el Ejecutivo y hoy, es un mero organismo de denuncia pública sin que sus dictámenes obliguen o sean vinculantes para el ejercicio de la administración pública.
A pesar que hay aprobada una Ordenanza por la cual se le restituyen las facultades administrativas al TCM y que fue redactada por el mismo actual secretario de Gobierno Municipal, Fernando Asegurado, el oficialismo se ha negado a ponerla en práctica.
Por tal motivo, los Concejales de la oposición se han hecho eco de los dictámenes Nº 555 y 557 donde se enumeran supuestas irregularidades en 33 bares concedidos y la Rambla Catalunya, concesiones que ya habían sido observadas en dictámenes de años anteriores.
LPO tuvo acceso a dichos expedientes. En los mismos se reflejan diferentes irregularidades por parte de los concesionarios. Algunos no han presentado la documentación requerida por el TCM ya que el organismo tampoco tiene la facultad de exigirlo.
En algunos emprendimientos se detectaron deudas en el pago del DReI (Derecho Registro e Inspección), irregularidades en la acreditación impositiva como CUIT vencidos y diferentes incumplimientos en las presentaciones de las declaraciones juradas como también prórrogas en las concesiones vencidas sin llamado a licitación.
También se detectaron que muchos concesionarios no están registrados en el Padrón de Proveedores de la Municipalidad. Los casos más emblemáticos son el de la Sociedad de Hecho Ritagliati y González, propietarios de uno de los emprendimientos más cuestionados en la ciudad: Complejo Don Ferro.
El otro, es el Grupo Sol, cuyo socio principal es Cornaglia, quien posee la concesión de la Rambla Catalunya, una amplia área en la costa norte de la ciudad donde están instalados cinco bares del mismo propietario.
En el dictamen del TCM, se pudo advertir innumerables incumplimientos en lo que respecta a la falta de inversión y refacciones que debía realizar el concesionario en toda la Rambla donde se constató un avance mínimo sin explicar razones que llevaron al atraso de las mismas.
Actualmente, Cornaglia está tratando que se levanten los carritos que venden choripanes en la zona.
En cuanto a los cánones adeudados al fisco por estas empresas hasta octubre del 2012, el monto rondaría los 350 mil pesos, sin contar, los negocios que se negaron a entregar la información.
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